núm. 
97 
10 de febrero de 2024 

Reforma del artículo 49
de la Constitución

Demetrio Casado


1. Primera versión del artículo 49

Artículo 49 de la Constitución española, aprobada en 1978:

“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.”

El Título al que se refiere es el primero de la Constitución, que trata “De los derechos y deberes fundamentales”.

La denominación “disminuidos” que adopta la Constitución se ha discutido y rechazado por las organizaciones de personas con discapacidad y familiares, aparte de otros agentes, desde hace al menos veinte años; el Gobierno del PSOE asumió el objetivo de cambiarla al menos desde 2018.

A mi parecer, en los años setenta, para referirse a las personas con discapacidad, el término “disminuidos” era menos utilizado que “minusválidos” y “subnormales” –éste para afectados de limitación intelectual–.

En el ámbito de los partidarios de cambiar el término “disminuidos” en la Constitución, predominó la opción “personas con discapacidad”. Este cambio evita sustantivar la afectación y sigue la pauta internacional y nacional vigente. Sirva como ejemplo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU el 13 de diciembre de 2006. En España, la disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece lo siguiente: “Las referencias que en los textos normativos se efectúan a ‘minusválidos’ y a ‘personas con minusvalía’, se entenderán realizadas a ‘personas con discapacidad’ ”.

Es de notar que el contenido sustantivo del artículo 49 no ha sido objeto de críticas ni de rechazos relevantes. Aparte de otras mejoras, cabría haber reivindicado la suma de objetivos tan importantes como la prevención de deficiencias, la asistencia a las situaciones de dependencia y la accesibilidad de los entornos físicos, los bienes y los servicios.


2. Versión de 2024

El 18 de enero del presente año, el Congreso de los Diputados adoptó la siguiente redacción del artículo 49 de la Constitución:

“1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.”

Ya quedó justificada, en el primer apartado, la opción terminológica “personas con discapacidad”. Y parece acertado el mandato de regulación legal de la protección necesaria para el ejercicio por las mismas de sus derechos.

En el apartado segundo, parece importante notar que: 1) se omite la acción preventiva de las deficiencias, 2) no se tienen en cuenta las limitaciones técnicas de las políticas para garantizar la plena autonomía personal y 3) se incurre en discriminación por sexo y edad. Esta se viene practicando en algunas normas internacionales y nacionales, pero resulta objetable por lo que sigue.

Es cierto que las mujeres y los menores tienen algunas “necesidades específicas”, pero resulta discriminatorio omitir otros colectivos que también las tienen; veamos algunos ejemplos. Los niños de cero a seis años que presentan deficiencias o alteraciones en el desarrollo deben ser objeto de la acción preventiva secundaria llamada “atención temprana”. Una parte de las personas con discapacidad mayores necesitan atención especial por el agravamiento de sus limitaciones como consecuencia del envejecimiento. Las personas mayores afectas de dependencia de ayuda para las actividades de la vida diaria que carecen de familiares que se la procuren requieren servicios externos. Las personas con discapacidad y sin hogar tienen “necesidades específicas” obvias.

La propuesta del Congreso fue debatida y aprobada por el Senado en sesión celebrada el día 24 de enero pasado. En sesión extraordinaria celebrada el día siguiente, según consta en el diario de sesiones, el presidente de la Cámara informó a la misma de lo siguiente:

“... una vez definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, en el día de mañana se hará pública la apertura de un plazo de quince días, que concluirá el día 12 de febrero de 2024, dentro del cual una décima parte de los miembros del Senado podrán requerir, mediante escrito dirigido a la presidencia, la celebración de un referéndum para la ratificación de esta reforma constitucional, conforme a lo previsto en los artículos 167.3 de la Constitución y 157 del Reglamento del Senado.”

* * *

Agradezco a José María Alonso Seco su valiosa colaboración.


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